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El patrimonio arquitectonico tradicional rural. Perspectivas y amenazas
Patrimonio Arquitectónico

La fuerte inclinación de la economía de la isla hacia el sector terciario a partir de la segunda mitad del siglo XX dejó como evitable secuela el abandono del campo. Al desatenderse las actividades agropecuarias, se abandonaron, y en ocasiones se arruinaron, un amplio número de construcciones arquitectónicas y etnográficas (casas antiguas, bancales rotos, infraestructuras hidráulicas perdidas, etc.). La recuperación de estos elementos, cuando todavía es posible, y su incorporación a nuevos usos turísticos, residenciales o culturales proporcionaría oportunidades de desarrollo local, al conjugarse en el territorio la sinergia de varios factores: los valores paisajísticos, medioambientales, deportes de montaña, gastronomía, etc. Los recursos patrimoniales no sólo son compatibles sino que interactúan con otros recursos territoriales para promover la sostenibilidad de determinadas áreas de medianías y cumbre, a las que no llegan los beneficios turísticos sino de forma marginal. Este proceso permite la refuncionalización de elementos históricos obsoletos o abandonados.

Sin embargo, la rehabilitación de elementos con valores culturales e históricos debe abordarse con criterio y preparación, con objeto de evitar adaptaciones que conlleven pérdidas en la autenticidad del edificio y su valor cultural, que es precisamente el factor que genera su valor económico. Y en este sentido es muy de lamentar que el desconocimiento imperante respecto a las notas distintivas del patrimonio arquitectónico rural (incluso por los técnicos municipales y arquitectos privados) no haya propiciado mejores rehabilitaciones. Como tónica general podemos afirmar que las obras de rehabilitación emprendidas para adaptar a las edificaciones tradicionales a nuevos usos, o para restaurarlas y adecuarlas a los requerimientos actuales en materia de confort y habitabilidad, han supuesto –salvo rarísimas excepciones- una mixtificación absurda de materiales modernos con características propias de la arquitectura tradicional, o bien una exageración de los supuestos rasgos distintivos de esta última (balaustres, profusión de tejas, chimeneas enormes, aplacados de losetas de cantería en las esquinas, lajas adosadas a los muros para dar la impresión de piedra vista, zócalos de cantería falsos, etc.). No es inusual que casitas canarias de sencilla armonía aparezcan con sus paredes despojadas de revoco, en un “almendrado” absurdo para sacar las piedra, ni que le broten chimeneas desproporcionadas bien revestidas de teja. O que se pinten de colores chillones. Al respecto, podemos señalar el mal ejemplo que supone la rehabilitación llevada a cabo por el Cabildo (con licencia municipal) de la Casa del Vino en la villa de Santa Brígida, un edificio señorial donde las tejas originales han sido sustituidas por piezas de envejecido artificial y se ha pintado de un extravagante color naranja. Con estos ejemplos públicos poco se puede exigir al particular. De esta manera, cabría esperar que en poco tiempo lamentemos la desaparición de la arquitectura popular rural auténtica, o bien por su abandono y ruina, o bien por su rehabilitación incorrecta.

Se hace necesario, y cada vez más urgente, hacer entender a los técnicos y políticos municipales que el patrimonio edificado es un recurso, un activo más de su territorio, capaz de generar rentas, tanto directas (como posible sede de actividades económicas rentables) como indirectas, al formar parte de un entorno al que la presencia de este patrimonio dota de mayor atractivo y de mayor valor. Es fundamental comprender que estos edificios vetustos y hermosos, singulares exponentes de una arquitectura ya caduca, o de actividades agrícolas en retroceso, no deben contemplarse como unos residuos de la Historia que ocupan un lugar donde podría ir cualquier otra cosa mejor, sino como contenedores de actividades que precisamente por estar en estas piezas redoblan su rentabilidad, ya sea como restaurantes, hoteles rurales, museos de sitio, residencias de ancianos o casas de la cultura. Y que además, su inserción en el paisaje dota a la isla de atractivos visuales que coadyuvan a aumentar la satisfacción del turista. Un paisaje tradicional armónico, sin edificios distorsionantes o de colores chillones, es la condición previa para que los visitantes salgan de sus alojamientos en el litoral y se decidan a visitar el interior de la isla, con los beneficios de distribución de rentas que ello significa.

De ahí que se insista en que cuando se derriba cualquiera de estas casonas o caen los muros de piedra que forman parte de manera tan intensa del paisaje canario, o cuando se devalúan sus características originales y se sustituyen por productos estandarizados, sin personalidad propia, el municipio -y la isla toda- pierde un recurso económico, se empobrece, de igual manera que como cuando se tala un árbol centenario o se quema un bosque, con la diferencia de que los árboles pueden reponerse pero los edificios perdidos no.

Por lo tanto, conseguir que el patrimonio edificado tradicional rural llegue a formar parte de los procesos de desarrollo rural exige una doble acción: por un lado una labor educativa dirigida a que la sociedad comprenda los ragos distintivos y valiosos del patrimonio edificado tradicional, y no lo altere o los tergiverse. Esta labor debería empezar en las escuelas y seguir en los Institutos. Para que los niños comiencen por conocer, identificar y valorar lo que le es propio y cercano. Y debería continuar y perfeccionarse en la Universidad, en la Escuela de Arquitectura, donde la arquitecutra tradicional popular rural no ha obtenido el reconocimiento y la investigación que merece.

Por otro lado, es necesario emprender desde los Ayuntamientos una labor administrativa eficaz y decidida por la protección y mejora de este patrimonio. ¿Cuál es el papel de los municipios en este proceso? La Ley canaria (Ley 4/1999, de patrimonio histórico de Canarias) atribuye a las corporaciones locales la responsabilidad de proteger el patrimonio edificado (tanto arquitectónico como etnográfico) presente en su municipio, a través de la formulación de un Catálogo Arquitectónico y Etnográfico. Este Catálogo puede estar inserto en los Planes Generales urbanísticos o formularse independientemente. En dicho Catálogo, a partir de un inventario del patrimonio existente, se diagnostica el estado de cada pieza y se determinan los niveles posibles de intervención para cada objeto catalogado, de manera que tanto el particular como la administración urbanística sepan hasta dónde puede llegarse sin que se pierda el valor histórico del inmueble.

Este Catálogo municipal debe estar digitalizado, para que permitan estudiar las invariantes de la arquitectura rural, las tipologías locales. Y es importante que se pueda publicar, que funcione como instrumento de difusión y educación. Sobre todo porque, al menos en la isla de Gran Canaria, este patrimonio constituye algo así como el noventa por ciento del total. Dejando a un lado los restos arqueológicos, cuya protección es objeto de instrumentos de otro tipo, Canarias tiene un patrimonio edificado desde hace sólo 5 siglos y la monumentalidad es escasa. Sin contar el patrimonio religioso, en el que hay más ermitas que iglesias, un puñado de construcciones militares y los escasos palacetes que quedan en los cascos históricos, el grueso del patrimonio arquitectónico es rural: viejas casonas señoriales o pequeñas viviendas populares, con sus dependencias, lagares, bodegas, molinos de agua, hornos, etc. Es en estas arquitecturas tradicionales anónimas donde se dan cita las principales amenazas, tanto por su obsolescencia, como por ser las que más peligro corren de sustitución por nuevos edificios, y también las que menos ayudas reciben, dado que al no ser B.I.C. (bienes de interés cultural), ni estar insertas en un Conjunto Histórico, sus propietarios ni siquiera tienen derecho a las escasas compensaciones existentes.

Todas estas posibilidades necesitan sin embargo de un impulso político. Las normas por sí solas no pueden desplegar su eficacia sin la energía que les insufla la voluntad de los rectores públicos. Luego, las decisiones pueden ser más o menos acertadas, pues en un tema tan complejo como es el de la gestión del patrimonio histórico, donde además se compite por el espacio con otros intereses en un escenario de suelo escaso y caro, nadie está inmune a la posibilidad de adoptar una decisión menos acertada que la óptima.

No se nos oculta que para conseguir que el patrimonio revierta beneficios, directos o indirectos, se necesita primero rehabilitarlo, y que esto supone invertir. Por ello es necesario dar el siguiente paso: una vez que se tiene el catálogo, hay que pasar a programar la recuperación de la arquitectura tradicional rural, fomentando la rehabilitación particular a través de subvenciones, o realizando obras directamente a través de Escuelas-Taller, aprovechando los Fondos Europeos, los Planes de Dinamización Turística, etc.

Y todo ello con las correspondientes campañas de educación y difusión de los valores tipológicos generales de la arquitectura tradicional rural y los pecualiares de cada localidad.

Autor: Juan Carlos Domínguez Gutiérrez
Fotografías:
Juan Carlos Domínguez Gutiérrez / Orlando Torres Sánchez

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DETALLE DE CASAS ABANDONADA EN LOS OLIVOS. Santa Brígida
LAGAR EN FUENTE DE LOS BERROS. Santa Brígida
VENEGUERA. Mogán
CASA DEL VINO. Santa Brígida


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